La Iglesia católica pidió políticas públicas y leyes en México que den opciones reales a las mujeres embarazadas y no solo el aborto, para que puedan continuar con sus planes de vida en todas sus áreas.
La institución recordó que ya se dio una modificación legal que realizó el Congreso de Puebla para dejar de perseguir el aborto como un delito.
El pasado 15 de julio, el Congreso de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en el estado 14 en México en alinear la constitución local con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los legisladores de Puebla aprobaron un dictamen para que ninguna mujer, persona gestante o personal médico sea criminalizada por abortar o por ayudar a alguien que decida interrumpir su embarazo.
“La persecución penal a una mujer que se ve forzada a abortar por las circunstancias de vida que le acontecen puede ser una injusticia social; es necesario reconocer también que la eliminación de esa persecución sigue sin modificar, en esa mujer, las condiciones que le están obligando a abortar”, señaló la Arquidiócesis de México, en su editorial del semanario ‘Desde la fe’, publicado este domingo.
Por ello, el órgano católico consideró “muy importante que las políticas públicas y las leyes -en México- den opciones reales a la mujer embarazada para que, sin tener que eliminar a su hijo (abortar), pueda continuar con sus estudios, su trabajo y su vida”.
Señaló que la sociedad es la que construye la cultura y de ella emanan las leyes que protegen a esa cultura. Ante ello, es importante que sigamos construyendo, juntos, “una cultura de respeto a toda vida”.
Y acusó que “la sociedad actual se ha vuelto egoísta en torno a la maternidad: ahí es donde está el debate de fondo de las iniciativas de ley”.
El Iglesia católica consideró también que “desgraciadamente hay visiones que sólo buscan evitar la maternidad propia y de terceras personas, pues consideran que, liberando a la mujer de la maternidad, ella será completamente libre”.
“A la sociedad entera nos toca dar opciones de vida para la mujer embarazada, que no exista un solo despido laboral por este motivo (actualmente la discriminación laboral es más común en México)”, expuso.
La nueva ley también estipula que en caso de que alguien ejerza violencia contra una mujer para obligarla a abortar la pena será de 8 a 10 años de cárcel y, finalmente, si el aborto obligado lo causara un médico o partera, además de cárcel, se le suspenderá de su profesión durante el tiempo en la cárcel.
Puebla se unió así a los 13 estados del país, de 32, que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de embarazo, en sintonía con la sentencia de la Corte de septiembre de 2023 que dictamina que criminalizar o penalizar el aborto en México es inconstitucional.
El aborto hasta las 12 semanas también está despenalizado en la Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa y Jalisco -donde aún falta que el Congreso acate el mandato del Tribunal Colegiado, según ha advertido la ONG proaborto Gire-.
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