Expertos demandan acción ambiental a candidatos

NADIA SANABIA
En un esfuerzo por influir en la agenda política de México en un año electoral clave, un grupo de 35
académicos de universidades públicas y activistas de organizaciones civiles han presentado la
Agenda Socioambiental 2024.
Este documento, dado a conocer el 18 de abril, detalla una serie de propuestas para abordar los
problemas ambientales más apremiantes del país.
Con un total de 20 mil 286 cargos en juego, incluyendo la Presidencia de la República,
gobernaciones, y puestos legislativos tanto federales como locales, la Agenda busca captar la
atención de los candidatos sobre la urgencia de adoptar políticas más sostenibles y equitativas.
La iniciativa resalta cómo la riqueza natural de México continúa siendo sobreexplotada y
amenazada, a menudo para beneficiar intereses privados, en un contexto de cambio climático y
debilitamiento institucional.
1. Gestión del Agua
La gestión del agua en México enfrenta desafíos significativos debido a la influencia de grandes
intereses económicos que han obstaculizado reformas esenciales. La Agenda propone reemplazar
la actual Ley de Aguas Nacionales con una nueva Ley General de Agua que priorice el derecho
humano al agua y al saneamiento. Esto implicaría un cambio radical en la manera en que se
otorgan concesiones y se manejan las fuentes hídricas, promoviendo un uso más justo y
sustentable. Además, se sugiere mejorar la infraestructura hídrica y aumentar la atención a
conflictos socio hídricos significativos, como los relacionados con grandes proyectos de
infraestructura.
2. Conservación de Regiones Forestales
Los bosques de México enfrentan crecientes amenazas como el aumento de plagas e incendios
debido al cambio climático, y la tala ilegal, que supera ampliamente las extracciones legales. La
situación se agrava por la reducción del presupuesto destinado a su protección y una gestión
demasiado centralizada por parte de la SEMARNAT, que cuenta con recursos insuficientes. Para
asegurar la supervivencia de los bosques y las comunidades que dependen de ellos, es esencial
restablecer el estado de derecho en las regiones forestales, incrementar los fondos para su
cuidado, combatir la tala ilegal y mejorar la gestión y descentralización de los aprovechamientos
forestales. Estas medidas son fundamentales para la política pública del país.
3. Protección de la Biodiversidad
La conservación de la biodiversidad a menudo queda marginada en el discurso político, a pesar de
su importancia esencial para sostener los ecosistemas que proveen servicios cruciales para la
humanidad, como el oxígeno, el agua y los alimentos. La pérdida de biodiversidad, resultado de la
destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos y la contaminación, afecta directamente la
seguridad alimentaria, la salud humana y la capacidad de adaptación al cambio climático. Es crucial
no solo reforzar las áreas naturales protegidas sino también integrar prácticas de conservación
sostenible en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Además, es importante reconocer la
conexión entre la conservación de la biodiversidad y la política social, especialmente en regiones
donde la biodiversidad es rica pero las comunidades son pobres y vulnerables a conflictos
socioambientales y a grandes proyectos de desarrollo.
4. Transición Energética
En México, el 85 por ciento de la oferta bruta de energía proviene de los combustibles fósiles,
evidenciando la prevalencia de un modelo energético obsoleto que contribuye a la crisis climática.
A pesar de que el pico de producción petrolera se alcanzó hace veinte años, con una caída en la
productividad del 67 por ciento y un aumento quíntuple en los costos de extracción, los intentos
por aumentar la producción no han sido efectivos, incluso con un presupuesto duplicado para
PEMEX. Además, técnicas intensivas en agua como el fracking no han sido prohibidas, exacerbando
el estrés hídrico del país.
La próxima administración debe alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar
hacia una transición energética que asegure un sector eléctrico confiable, resiliente y sustentable.
Esto implica desarrollar una matriz energética basada en fuentes renovables locales, promover la
biomasa y la generación solar distribuida, y adoptar políticas rigurosas de ahorro de energía.
También es esencial prohibir la obsolescencia programada, mejorar la movilidad sustentable y el
transporte público, y fomentar una transición agroecológica y energética en el sector agrícola. El
financiamiento para estas iniciativas podría provenir del Fondo Mexicano del Petróleo y una
reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
5. Reforma Minera
El sector minero ha causado impactos ambientales y sociales profundos. Las propuestas de la
Agenda incluyen mantener y fortalecer las reformas de la Ley Minera de 2023, prohibir técnicas de
extracción destructivas como la minería a cielo abierto y los pozos de carbón, y asegurar que las
concesiones mineras respeten los derechos de las comunidades locales mediante el
consentimiento previo, libre e informado.
6. Sistema Agroalimentario Sostenible
Promover la autosuficiencia alimentaria es crucial para la seguridad nacional. La Agenda propone
cambios en la legislación del agua para garantizar el acceso a este recurso vital para los pequeños y
medianos productores, quienes son fundamentales para la diversidad agroecológica y la
producción de alimentos básicos como el maíz y el frijol. Se enfatiza la necesidad de una política
agroecológica que integre asistencia técnica, acceso a mercados y créditos, y una regulación más
estricta de las corporaciones multinacionales que dominan el sector.
7. Reducción de Plaguicidas Peligrosos
La Agenda pide la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos, con un enfoque en
los derechos humanos y una estrategia nacional para la transición agroecológica. Esto incluiría la
creación de una ley general de plaguicidas, un sistema nacional de información sobre su uso, y
políticas que fomenten prácticas agrícolas que respeten la salud humana y la diversidad biológica.
8. Gestión Integral de Residuos
La problemática de los residuos en México sigue siendo un desafío considerable. La Agenda
propone reformas para la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, buscando
superar la fragmentación y la desigualdad en la gestión actual. Las medidas incluyen mejorar la
armonización de los instrumentos normativos, clarificar las atribuciones de responsabilidades, y
promover una verdadera economía circular que incluya reducción, reutilización y reciclaje de
residuos. Además, se enfatiza la necesidad de resistir la influencia de intereses privados en la
legislación de residuos, particularmente en lo referente a plásticos de un solo uso y proyectos de
decreto que favorecen tecnologías ineficaces como la termovalorización.
9. Gobernanzas Agrarias
El último tema crítico aborda la dimensión ambiental de la cuestión agraria. La Agenda destaca la
importancia de los ejidos y comunidades que albergan una gran parte de los recursos naturales del
país. Se propone una política agraria renovada que fortalezca la gobernanza democrática en estas
áreas, proteja los derechos de las mujeres y jóvenes, y combata los procesos ilegales de
desincorporación o privatización de propiedades ejidales. Además, se aboga por un manejo más
justo y sostenible de los recursos naturales, asegurando la seguridad alimentaria y los servicios
ambientales para las poblaciones más marginadas y vulnerables.
De raíz
Con estos nueve temas, la Agenda Socioambiental 2024 busca una reforma ambiental integral que
no sólo revierta la degradación ambiental, sino que también aborde las raíces económicas,
políticas y sociales de estos problemas. El objetivo, de acuerdo con los especialistas, es garantizar
un futuro sostenible para México, donde el bienestar ambiental y la justicia social sean prioritarios
para todos los ciudadanos y las futuras generaciones.