La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la necesidad de los organismos autónomos, señalando que su creación respondió a intereses neoliberales que buscaban limitar la soberanía del Estado en sectores estratégicos.
Durante una conferencia, Sheinbaum argumentó que estas instituciones fueron diseñadas para evitar que empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueran reconocidas como entidades plenamente estatales.
«Estos organismos no surgieron para proteger a la población ni garantizar derechos; fueron una estrategia para debilitar al Estado y justificar la privatización de áreas clave», expresó la mandataria. Además, afirmó que su eventual desaparición no significaría la falta de regulación en sectores como energía, telecomunicaciones o transparencia, ya que esa tarea corresponde al propio Gobierno.
Sheinbaum defendió la capacidad del Ejecutivo y las dependencias federales para garantizar controles efectivos sin la necesidad de estructuras paralelas que, a su juicio, duplican funciones y representan un gasto innecesario. «El fortalecimiento del Gobierno es suficiente para garantizar que se cumplan las leyes, y no necesitamos intermediarios que fueron impuestos bajo una lógica de desconfianza hacia el Estado», señaló.
Las declaraciones de Sheinbaum han generado un intenso debate entre expertos y actores políticos. Mientras algunos consideran que los órganos autónomos son esenciales para garantizar un equilibrio de poderes, otros respaldan la postura de la presidenta, argumentando que dichas instituciones fueron creadas para proteger intereses privados bajo el pretexto de la autonomía.
Por su parte, líderes de la oposición señalaron que los órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son fundamentales para evitar abusos de poder y asegurar la rendición de cuentas.
La discusión en torno al futuro de estos organismos se da en un contexto de reconfiguración institucional promovida por la actual administración, que busca concentrar mayores atribuciones en el Ejecutivo y reducir la influencia de organismos que, según Sheinbaum, «carecen de legitimidad social».
