La Cámara de Diputados aprobó una reforma que reduce de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores accedan a la pensión por parte del Estado. Este cambio, respaldado por unanimidad por 483 diputados, busca beneficiar a un mayor número de personas en situación económica vulnerable, incluyendo a mujeres y pueblos originarios. Además, la reforma eleva a rango constitucional programas sociales creados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la pensión para personas con discapacidad permanente y el programa Sembrando Vida.
El dictamen establece que el Estado mexicano destinará anualmente recursos suficientes para garantizar los derechos que impliquen la transferencia de recursos directos a la población. Asimismo, garantiza la entrega de un jornal seguro y justo a campesinos, y un apoyo anual a productores y pescadores de pequeña escala. La modificación también incluye el derecho a una vivienda adecuada para todos los mexicanos y otorga un plazo de 180 días al Congreso para armonizar la legislación secundaria en esta materia.