El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos inició la operación «Catahoula Crunch» en Nueva Orleans, Luisiana, con el despliegue de 250 agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, dirigidos por Gregory Bovino. Esta acción, que se extiende a parroquias cercanas y Mississippi, apunta a indocumentados de Centroamérica y México con antecedentes penales como asalto agravado, robo armado y abuso doméstico, liberados previamente por políticas locales de santuario. Autoridades federales, respaldadas por el gobernador republicano Jeff Landry, coordinan con la Guardia Nacional para acelerar deportaciones, mientras la ciudad demócrata reporta al menos una detención inicial cerca de un almacén de suministros.
La subsecretaria Tricia McLaughlin del DHS criticó las jurisdicciones santuario por ignorar órdenes de detención de ICE, lo que libera a «extranjeros criminales» y expone a comunidades estadounidenses a riesgos. Por otro lado, la alcaldesa La Toya Cantrell y la futura mandataria Helena Moreno, de origen mexicano, expresaron alarma ante el temor que genera la incursión en enclaves inmigrantes, donde negocios latinos como la taquería Guerrero cierran puertas por cuarta jornada consecutiva. Activistas locales distribuyen guías sobre derechos y filmación legal de agentes, en un contexto de protestas previas que incluyeron marchas bajo lluvia intensa frente al ayuntamiento.
Esta ofensiva, parte de una serie nacional que abarcó Los Ángeles en junio y Chicago en septiembre con miles de arrestos y manifestaciones, responde a la agenda del presidente Donald Trump para combatir el crimen transfronterizo en urbes demócratas. El gobernador Landry solicitó ayuda federal tras reuniones con el Ejecutivo, y el DHS estima al menos cinco mil capturas en la región hasta fin de año, con pausa navideña. Comunidades hondureñas y mexicanas, que representan una quinta parte de los 223 mil inmigrantes en Luisiana, urgen a residentes a permanecer en interiores y evadir interacciones con patrullas.
