La Fiscalía General de la República reveló que una presunta red de importación irregular de combustibles generó un quebranto a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos. Según la fiscal Ernestina Godoy, las empresas involucradas declaraban productos diferentes a los que transportaban desde Estados Unidos y, sin los permisos correspondientes, descargaban el combustible en pipas y tractocamiones de siete compañías distintas para su posterior venta y distribución en diversas regiones del país.
Las autoridades reconstruyeron la ruta logística completa mediante el análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial. Como resultado de la primera acción operativa, se registró una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización. Además, se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la que permitió la detención de Ernesto N., identificado como Ernesto Ruffo, y otras cuatro personas.
De manera paralela, un análisis financiero especializado identificó patrones incompatibles con la actividad reportada por las empresas e permitió el rastreo de más de 3 mil 075 millones de pesos en movimientos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de pesos. Con ello, la investigación no se limitó al ámbito aduanero, sino que siguió la ruta del dinero derivado de estas actividades irregulares.
