Por Óscar García
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que la entrega en depositaría de una camioneta al comisionado municipal de San Juan Mazatlán Mixe está plenamente sustentada en elementos técnicos y jurídicos, al tiempo que confirmó que continúan las investigaciones por la alteración de documentos y la posible responsabilidad de servidores públicos.
Durante la conferencia de seguridad del Gobierno del Estado, el titular de la Fiscalía General explicó que la unidad en cuestión cuenta con un reporte de robo vigente en el estado de Tlaxcala, además de presentar modificaciones en el número de motor y documentación presuntamente falsificada para facilitar su comercialización.
Detalló que las indagatorias permitieron establecer que el vehículo fue vendido posteriormente a un particular en Oaxaca, quien acudió ante las autoridades para reclamar la propiedad de la camioneta al considerar que la había adquirido de manera legal.
Sin embargo, Rodríguez Alamilla sostuvo que los peritajes realizados por especialistas de la Fiscalía acreditaron irregularidades en los números de identificación del vehículo, así como inconsistencias en la factura presentada durante el proceso de compraventa.
El fiscal explicó que, con base en esos dictámenes técnicos y en las disposiciones legales aplicables, la institución determinó entregar la unidad en calidad de depositaría al comisionado municipal de San Juan Mazatlán Mixe, medida que, afirmó, se encuentra debidamente fundada dentro de la carpeta de investigación.
Precisó que la investigación no concluye con la entrega provisional del vehículo, pues la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas para esclarecer quiénes participaron en la alteración del número de motor, la falsificación de la documentación y la venta de la unidad con antecedentes de robo.
Asimismo, indicó que también se revisa la posible intervención de servidores públicos que pudieron haber facilitado o permitido irregularidades durante los trámites relacionados con el vehículo, por lo que, de acreditarse responsabilidades, se aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Rodríguez Alamilla afirmó que la Fiscalía actuó conforme a derecho y con base en pruebas periciales, por lo que rechazó que la decisión de otorgar la depositaría obedeciera a criterios políticos o discrecionales. Añadió que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades y garantizar que quienes participaron en la alteración de la unidad y de su documentación enfrenten las consecuencias legales.
