Por Óscar García
Con el propósito de combatir presuntos actos de extorsión y verificar que las organizaciones sindicales operen conforme a la ley, el Gobierno de Oaxaca iniciará una revisión de la situación jurídica de los sindicatos transportistas que existen en la entidad, informó el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Durante la conferencia de seguridad de este jueves, el funcionario explicó que la revisión comenzará de manera inmediata y estará enfocada en verificar si estas organizaciones se encuentran legalmente constituidas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además de revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
Romero López señaló que en Oaxaca existen seis sindicatos de este sector y afirmó que la mayoría ha sido señalada por presuntas prácticas de extorsión contra comerciantes y taxistas, conductas que, aseguró, no serán toleradas por el Gobierno del Estado.
Precisó que las organizaciones deberán acreditar su personalidad jurídica mediante la presentación de sus actas constitutivas, así como demostrar que cumplen con el pago de impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás obligaciones previstas en la legislación vigente.
Advirtió que aquellos grupos que no acrediten su legal funcionamiento o incumplan con la normatividad podrán ser sujetos a las sanciones correspondientes.
El titular de la Secretaría de Gobierno indicó que el objetivo es aplicar la ley a quienes utilicen la figura sindical para cometer presuntos actos de extorsión o ejercer presión sobre comerciantes y trabajadores para integrarse a sus organizaciones.
Añadió que las autoridades estatales tienen conocimiento de denuncias en las que pequeños comerciantes presuntamente han sido obligados a afiliarse o realizar pagos para desarrollar sus actividades sin ser intimidados.
Por ello, convocó a comerciantes, taxistas y ciudadanía en general a denunciar cualquier acto de extorsión o abuso cometido por personas que se ostenten como representantes sindicales.
Asimismo, recordó que ningún sindicato tiene facultades para obligar a una persona a afiliarse, ya que la libertad sindical está protegida por la ley y cada trabajador puede decidir libremente si forma parte o no de una organización.
Finalmente, Jesús Romero López reiteró que el Gobierno del Estado no permitirá que organizaciones irregulares continúen operando bajo el argumento de representar a trabajadores, por lo que esta revisión permitirá identificar a quienes cumplen con la legislación y sancionar, conforme a derecho, a quienes incurran en irregularidades.
