La comunidad de Santa María Chimalapa aprobó destinar cerca del 73% de su territorio comunal a esquemas de conservación ambiental, en una decisión que ha generado fuerte inconformidad interna al denunciarse presuntas presiones e imposiciones por parte del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
El acuerdo comunitario fue avalado en asamblea el pasado 27 de junio de 2026, donde se determinó la salida de tres polígonos incorporados al esquema de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que abarcan más de 334 mil hectáreas de una de las zonas de mayor biodiversidad del país.
Entre los territorios incluidos se encuentran áreas como Cerro Azul, La Gringa Zona Oriente y Tres Picos, consideradas estratégicas por su riqueza forestal y ecológica.
Sin embargo, comuneros señalaron que dichos polígonos habrían sido incorporados desde 2022 sin el consentimiento pleno de la asamblea, lo que derivó en un conflicto agrario y acusaciones de violación al derecho de consulta previa, libre e informada.
Los pobladores aseguran que el proceso fue presentado como “voluntario”, pero que en la práctica existieron presiones administrativas y políticas para lograr la certificación de las áreas, lo que finalmente derivó en la aprobación comunitaria en medio de la controversia.
Por su parte, la Conanp ha sostenido que el procedimiento se realizó conforme a la ley y con respaldo de actas de asamblea, negando cualquier tipo de imposición y defendiendo la validez del esquema de conservación.
A pesar del desacuerdo, la comunidad de Chimalapas reiteró que no se opone a la conservación de su territorio, pero exige que cualquier esquema sea gestionado bajo control directo de los pueblos indígenas y sus sistemas comunitarios.
