Con el objetivo de cerrar los vacíos legales que han permitido el aumento de casos de despojo de viviendas y terrenos en distintas entidades del país, una diputada de Morena impulsa una iniciativa para expedir la Ley General de Protección contra el Despojo Inmobiliario, la cual busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de este delito.
La propuesta plantea establecer un marco jurídico nacional para evitar que personas pierdan sus propiedades mediante escrituras falsas, juicios simulados, suplantación de identidad, poderes apócrifos o actos fraudulentos realizados ante registros públicos y notarías.
Entre las medidas contempladas se encuentra la creación de una Alerta Nacional contra el Despojo Inmobiliario, mediante la cual los propietarios serían notificados cuando se intente realizar algún trámite relacionado con sus inmuebles, permitiéndoles detectar movimientos irregulares antes de que se concrete una operación fraudulenta.
Asimismo, la iniciativa propone implementar mecanismos de bloqueo preventivo sobre los registros de propiedad cuando existan indicios de fraude, además de fortalecer la coordinación entre autoridades registrales, notariales, ministeriales y judiciales para impedir que organizaciones dedicadas al despojo aprovechen vacíos legales.
El proyecto también busca evitar que los llamados juicios simulados sean utilizados para obtener sentencias que permitan apropiarse ilegalmente de inmuebles, así como reforzar los controles sobre la emisión y validación de escrituras públicas y poderes notariales.
De igual forma, contempla el fortalecimiento de las investigaciones mediante unidades especializadas en las fiscalías y mayores herramientas para perseguir a quienes integran redes dedicadas al fraude inmobiliario.
La iniciativa surge ante el incremento de denuncias por despojo de viviendas y terrenos registrado en diversas entidades del país, donde propietarios han denunciado la utilización de documentos falsificados y procedimientos judiciales irregulares para perder el control de sus bienes, situación que ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar la protección del patrimonio de las familias mexicanas.
