La reclasificación de casos de feminicidio como homicidio comienza a generar preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes advierten que esta práctica representa un retroceso en el acceso a la justicia y pone en riesgo los avances alcanzados en el combate a la violencia de género en México.
Especialistas señalaron que, en diversos procesos judiciales, algunos jueces han modificado la tipificación del delito al considerar que no existen elementos suficientes para acreditar las razones de género en los asesinatos de mujeres, decisión que, afirman, responde en muchos casos a la falta de una adecuada perspectiva de género durante el análisis de los expedientes.
Explicaron que la diferencia entre un homicidio y un feminicidio no se limita al nombre del delito, sino que implica reconocer el contexto de violencia, discriminación y desigualdad en el que ocurren estos crímenes. Al eliminar esa perspectiva, sostienen, se invisibilizan las circunstancias que rodearon la muerte de las víctimas y se reduce la posibilidad de que los responsables enfrenten sanciones acordes con la gravedad de los hechos.
Las organizaciones consideran que este tipo de resoluciones también afecta a las familias de las víctimas, quienes frecuentemente deben enfrentar largos procesos legales para demostrar que los asesinatos ocurrieron por razones de género. En algunos casos, los cambios en la clasificación del delito obligan a reiniciar estrategias jurídicas y prolongan la búsqueda de justicia.
Recordaron que el tipo penal de feminicidio fue incorporado a la legislación mexicana como respuesta al incremento de asesinatos de mujeres motivados por razones de género, así como por la necesidad de investigar estos casos con protocolos especializados que permitan identificar antecedentes de violencia, amenazas, agresiones sexuales, relaciones de poder y otros elementos que distinguen este delito de un homicidio común.
Ante este panorama, activistas hicieron un llamado para fortalecer la capacitación de jueces, ministerios públicos y demás operadores del sistema de justicia en materia de derechos humanos y perspectiva de género, con el propósito de evitar criterios que puedan derivar en impunidad.
Asimismo, insistieron en que juzgar con perspectiva de género constituye una obligación para las autoridades judiciales y no una decisión discrecional, por lo que advirtieron que cualquier retroceso en esta materia podría afectar el reconocimiento de la violencia feminicida y debilitar la protección de los derechos de las mujeres en el país.
