El crimen organizado provocó el abandono de hogares en al menos 15 mil 795 personas durante 2025, según el monitoreo en 73 eventos registrados en 11 entidades. Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentran casi nueve de cada diez casos, con seis mil 195, cuatro mil 492 y tres mil 363 desplazados respectivamente; Guerrero suma 785. La violencia por grupos criminales explica el 83.6 por ciento de los incidentes, a través de enfrentamientos armados, amenazas, drones explosivos, quema de viviendas y reclutamiento forzado.
Aunque la cifra representa una reducción frente a las 28 mil 900 personas de 2024, el fenómeno persiste de manera estructural e invisibilizada, sin registro oficial ni ley general que articule respuestas. Los desplazamientos ocurren principalmente dentro de los mismos estados o municipios, y afectan de forma desproporcionada a comunidades rurales e indígenas ante la limitada presencia institucional y la ausencia de mecanismos de prevención y atención duradera.
Los esfuerzos locales en algunos estados incluyen leyes estatales y acciones de ayuda humanitaria, pero faltan soluciones integrales para el retorno seguro o la reubicación, con barreras persistentes para el acceso a derechos de las víctimas.
