Al inicio de la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un posicionamiento oficial sobre las recientes acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios y representantes populares en funciones vinculados a Sinaloa. La mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición y, conforme al marco normativo vigente, las turnó a la Fiscalía General de la República para su análisis legal correspondiente.
Desde Palacio Nacional, la presidenta dejó clara una línea política y jurídica: México cooperará conforme a derecho, pero no aceptará subordinación ni injerencias externas en decisiones que solo competen al Estado mexicano.
El tema no es menor. La propia presidenta señaló que causó extrañamiento que autoridades estadounidenses hicieran pública una acusación que, por la naturaleza de estos procedimientos y tratados internacionales, debía manejarse con confidencialidad. Ese detalle convierte el caso en un asunto no solo judicial, sino también diplomático.
Aquí entra el sustento constitucional. El Artículo 39 de la Constitución establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.” Esto significa que ninguna autoridad extranjera puede sustituir a las instituciones mexicanas ni definir desde fuera procesos que corresponden a México.
El Artículo 16 constitucional también es claro al señalar que: “Nadie puede ser molestado en su persona… sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” En otras palabras, cualquier acción penal requiere pruebas, procedimiento legal y competencia formal.
Por ello, la presidenta sostuvo que si la Fiscalía General de la República encuentra elementos contundentes o recibe pruebas sólidas, deberá actuar conforme a derecho bajo jurisdicción mexicana. Pero si no existen pruebas claras, advirtió que las imputaciones podrían responder a objetivos políticos.
Ese punto es central en la coyuntura actual. México y Estados Unidos viven una relación estratégica marcada por comercio, migración, seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. En ese escenario, toda acción judicial de alto perfil también tiene lectura geopolítica.
Sin embargo, la defensa de la soberanía no puede confundirse con encubrimiento. El mensaje presidencial fue enfático: no se protegerá a nadie que haya cometido delitos. La diferencia es que cualquier responsabilidad debe acreditarse legalmente y no mediante presiones externas o juicios mediáticos.
México debe tomar esta coyuntura como una llamada de atención interna: fortalecer fiscalías, profesionalizar investigaciones, blindar gobiernos locales y combatir cualquier vínculo entre poder político y crimen organizado. Esa es la mejor respuesta frente al exterior.
Hoy el país enfrenta una realidad compleja: cooperar sin someterse, investigar sin politizar, y defender la dignidad nacional sin cerrar los ojos a sus propios problemas.
La soberanía moderna no se ejerce con discursos vacíos. Se ejerce con instituciones sólidas, legalidad firme y capacidad de decidir por cuenta propia ante cualquier potencia del mundo.
Graciela Bravata
