Campesinos de la región comenzaron los preparativos para la cosecha de temporal bajo un panorama de incertidumbre, marcado por la ausencia total de apoyos institucionales o gubernamentales. Esta situación obligó a los productores a depender exclusivamente de sus ahorros personales, créditos privados o estrategias de autogestión para costear los insumos básicos. Durante los meses de febrero y marzo se realizaron las labores de limpieza de terrenos, con la expectativa de iniciar la siembra formal entre junio y julio; sin embargo, el optimismo es limitado, ya que el sector arrastra un declive productivo constante desde el año 2018.
Aunado a la falta de capital, la desaparición de tiendas con subsidios para el agro eliminó la liquidez que anteriormente permitía la fluidez de los recursos y la colocación de productos en el mercado. Productores locales, como Isidro Torres, señalaron que la inversión por hectárea es cada vez más alta debido al incremento en los costos de fertilizantes, semillas, barbecho y rastreo. Este abandono institucional ha derivado en protestas sociales, pues muchos agricultores arriesgan su patrimonio sembrando sin tener la garantía de un mercado donde vender su cosecha, enfrentando además el impacto de la escasez de agua.
Para especialistas y trabajadores de la tierra como Oscar Jiménez, el campo requiere urgentemente de una inyección de recursos y tecnología adecuada para que cada hectárea sea rentable. La desilusión suele acentuarse entre agosto y septiembre, periodo en el que se levanta el cultivo y se contabilizan las pérdidas económicas. Sin programas de apoyo que reactiven la productividad, los campesinos de temporal se encuentran en una encrucijada donde sembrar se ha convertido en una apuesta de alto riesgo que amenaza la sostenibilidad alimentaria y económica de sus comunidades.
