La administración federal mexicana puso en marcha una serie de mesas de trabajo con el sector financiero y empresas de vales de servicios, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan reducir el precio final de los combustibles, específicamente el diésel. Esta estrategia se sumó al esquema de incentivos fiscales que el Gobierno de México mantuvo activo, el cual representó una inversión aproximada de 2,500 millones de pesos semanales tras compensar los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo. La intención de esta nueva fase fue involucrar a las instituciones bancarias y a las operadoras de vales para disminuir las comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito en las estaciones de servicio, permitiendo que el ahorro fiscal se refleje de manera directa en el consumidor.
Bajo esta premisa, la colaboración con la Asociación de Bancos de México y los proveedores de vales de despensa y combustible resultó fundamental para optimizar los costos de las flotillas de transporte y vehículos de carga. Al respecto, se identificó que el uso de vales es la herramienta predilecta para el control administrativo de empresas y gobiernos; por ello, la reducción de sus márgenes de operación se planteó como una vía efectiva para mitigar las presiones inflacionarias. Esta coordinación entre el sector público y privado buscó generar un alivio económico en la cadena de suministros, dado que el costo del diésel es un factor determinante en el precio final de las mercancías y productos básicos en todo el territorio nacional.
Finalmente, el Ejecutivo concretó reuniones con el gremio gasolinero para asegurar que estos beneficios operativos se trasladen íntegramente al precio en bomba. Al reducir la carga financiera que representan las transacciones bancarias, el gobierno federal proyectó un escenario de mayor estabilidad en el sector energético sin comprometer las finanzas públicas más allá del subsidio ya establecido. Con este acuerdo multisectorial, se pretendió consolidar una red de apoyo que proteja la economía familiar y la operatividad de los transportistas, quienes movilizan el grueso del comercio en el país.
