La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura contundente respecto a los recientes acontecimientos en el estado de Chihuahua, donde se detectó la participación de agentes extranjeros en operativos locales sin las autorizaciones correspondientes. Durante su intervención, la mandataria señaló que el punto crítico de este incidente radicó en la omisión de los permisos que dictan la Constitución Política y la Ley de Seguridad Nacional. Bajo esta premisa, subrayó que la soberanía del país es un principio no negociable y que cualquier interacción con gobiernos de otras naciones debe ocurrir estrictamente dentro del marco legal vigente, sin excepciones para ningún nivel de gobierno.
En ese sentido, Sheinbaum Pardo enfatizó que, si bien existe una disposición plena para la colaboración y coordinación internacional —particularmente con los Estados Unidos—, esta debe regirse por los cuatro ejes estratégicos definidos por la administración federal. La titular del Ejecutivo recordó que los agentes de seguridad extranjeros con presencia en territorio mexicano operan bajo permisos específicos otorgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Por ello, advirtió que cualquier gobierno estatal o municipal que pretenda establecer vínculos de cooperación en materia de seguridad debe realizar la solicitud formal ante la Cancillería e informar puntualmente al Gabinete de Seguridad Federal, evitando cualquier acto de injerencismo que vulnere el derecho nacional.
Finalmente, la presidenta marcó una distancia histórica respecto a administraciones pasadas, mencionando que la actual gestión no permitió operativos en tierra gestionados por agencias externas, como ocurrió en periodos previos. Hizo un llamado a la unidad de todos los sectores, desde gobernadores hasta la ciudadanía, para mantenerse estrictos en la defensa de la autonomía nacional. Al calificar el suceso en Chihuahua como un hecho de relevancia mayor, reiteró que la defensa de la patria es un mandato constitucional y una responsabilidad compartida, concluyendo que la cooperación internacional solo es legítima cuando se fundamenta en el respeto mutuo y la legalidad.
