El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la integración correcta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las percepciones de la base trabajadora del Gobierno del Estado no representó, ni representará, un impacto negativo en su economía familiar. Bajo este nuevo esquema, la administración estatal optó por otorgar un apoyo económico directo denominado Apoyo para el Impuesto (API), el cual asciende a mil 650 pesos quincenales por empleado. Esta medida tiene como objetivo principal absorber la carga tributaria para que el ingreso neto de los trabajadores se mantuviera intacto, permitiendo simultáneamente que el Poder Ejecutivo cumpla con la normativa constitucional que obliga a todos los ciudadanos a contribuir con el gasto público.
En este sentido, el mandatario explicó que la actual gestión detectó y corrigió diversas irregularidades heredadas de administraciones pasadas, donde el cálculo del gravamen se ejecutó de forma errónea al no considerar la totalidad de las percepciones conforme a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dichas omisiones históricas derivaron en créditos fiscales millonarios que el actual gobierno tuvo que solventar. Por ello, la regularización de las obligaciones fiscales se fundamentó en los artículos 1 y 90 de la Ley del ISR, asegurando que Oaxaca transite hacia una transparencia administrativa sin vulnerar los derechos laborales de quienes integran el aparato estatal.
Finalmente, Jara Cruz subrayó que esta estrategia de compensación directa a la nómina fue la vía para equilibrar el cumplimiento de la ley con la justicia social. Al integrar todas las percepciones a la base gravable de manera adecuada, el Estado no solo evitó futuras sanciones hacendarias, sino que estableció un mecanismo de protección financiera para el sector trabajador. Con esta acción, el Ejecutivo estatal enfatizó que no existió afectación alguna en las percepciones líquidas, reiterando que la prioridad de su administración es mantener la estabilidad económica de la base trabajadora mientras se sanean las finanzas públicas mediante el estricto apego a las normas tributarias vigentes.
