La organización ambientalista Greenpeace cuestionó la respuesta del Gobierno Federal ante el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México el pasado febrero, señalando que, aunque se reconoció el origen del incidente, aún no se estableció una responsabilidad institucional directa para Petróleos Mexicanos (Pemex). Tras semanas de reportes ciudadanos y la documentación de organizaciones civiles, las autoridades confirmaron que el hidrocarburo provino de una fuga en un ducto ubicado en la Sonda de Campeche, incidente que tuvo lugar entre el 4 y el 17 de febrero de 2026. No obstante, el organismo internacional subrayó que la reciente separación de tres funcionarios por ocultamiento de información resulta insuficiente, pues se sancionó la falta de transparencia administrativa pero no el impacto ecológico generado.
A raíz de este escenario, se reportó que el crudo alcanzó más de 900 kilómetros de litoral, afectando la actividad productiva de comunidades pesqueras desde Tabasco hasta Tamaulipas. Greenpeace indicó que la falta de protocolos de contención oportunos permitió la expansión de los residuos, mientras que el cierre de la válvula principal se realizó varios días después de detectada la fuga. Por su parte, el gobierno admitió que aún no se cuenta con un cálculo confiable sobre el volumen exacto de hidrocarburo vertido, una carencia de datos que, según los expertos, impide dimensionar la magnitud del daño, calcular los costos de limpieza y definir las compensaciones justas para los ecosistemas y habitantes afectados.
Por otro lado, el posicionamiento del organismo enfatizó que los apoyos económicos entregados a cooperativas pesqueras no sustituyen una reparación integral del daño a largo plazo en manglares y arrecifes. Aunque se desplegó un operativo de limpieza con recursos humanos y materiales considerables, Greenpeace denunció la falta de avances en materia de justicia ambiental, debido a que las denuncias presentadas por las comunidades aún no han sido admitidas formalmente. En este sentido, la organización exigió que tanto el gobierno como Pemex hagan públicos los costos totales de atención y presenten un plan de restauración con metas definidas, reiterando la urgencia de fortalecer la rendición de cuentas en la industria energética nacional.
