En medio de un contexto marcado por el incumplimiento de pensiones alimentarias, el Congreso local analiza una iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, impulsada en 2026 por la diputada Concepción Rueda Gómez, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al abandono de uno de sus progenitores.
La propuesta contempla adicionar el artículo 274 Bis al Código Familiar del estado, a fin de que, en casos de abandono, negativa injustificada o incumplimiento de pensión alimentaria, un juez pueda autorizar de manera inmediata trámites como la expedición de pasaportes o permisos de viaje, sin requerir el consentimiento del padre o madre ausente. Con ello, se busca evitar que dicho permiso sea utilizado como una forma de presión, chantaje o control.
El planteamiento ya fue turnado a comisiones para su análisis, en un escenario donde las cifras reflejan la dimensión del problema. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estiman que hasta el 67% de las madres solteras en el país no reciben pensión alimentaria de forma constante, lo que impacta directamente en las condiciones de vida de miles de menores.
Por su parte, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias reporta 4 mil 602 personas inscritas como deudores a nivel nacional; sin embargo, el mecanismo aún enfrenta retos, como la falta de actualización de datos en diversas entidades. En Oaxaca, el padrón estatal concentra más de 140 registros, aunque colectivos advierten que la cifra real podría ser mayor.
En el ámbito local, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca ha reiterado que la pensión alimenticia no es un favor, sino una obligación legal. De acuerdo con sus lineamientos, una persona puede ser considerada deudora alimentaria morosa tras 30 días de incumplimiento, mientras que el Código Civil estatal contempla la emisión de certificados para evidenciar esta condición.
A pesar de campañas institucionales como “La pensión alimenticia es nuestro derecho”, el incumplimiento continúa siendo una problemática persistente. Organizaciones civiles han documentado que los procesos legales suelen ser largos, costosos y, en muchos casos, revictimizantes para quienes buscan garantizar este derecho.
La discusión de esta iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad parental en Oaxaca, con el foco puesto en garantizar el interés superior de la niñez y eliminar prácticas que vulneran sus derechos.
