Oaxaca se convirtió en uno de los primeros estados del país en aprobar, por unanimidad, la minuta remitida por el Honorable Congreso de la Unión en materia de Reforma Electoral, conocida como “Plan B”, mediante la cual se reforman los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma, derivada de la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como propósito fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y robustecer los mecanismos de control democrático.
En Sesión Extraordinaria, realizada en las primeras horas de este día, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Eva Diego Cruz, afirmó que la iniciativa aprobada representa un acto de coherencia orientado a fortalecer la confianza en el ejercicio del poder, al consolidar la austeridad republicana, reducir privilegios y promover instituciones más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía.
En su oportunidad, la diputada Dennis García Gutiérrez, así como los diputados Benjamín Viveros Montalvo, Isaac López López y César David Mateos Benítez, del Grupo Parlamentario de Morena, coincidieron en que la propuesta impulsada por la titular del Ejecutivo Federal es un paso decisivo para consolidar un modelo de gobierno más justo, eficiente y cercano al pueblo, con mecanismos que fortalecen la austeridad, la transparencia y la igualdad sustantiva.
Por su parte, la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Parlamentario Plural, y la legisladora Mónica Belén López Javier, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, señalaron que la reforma establece límites claros en la integración de los ayuntamientos y en el gasto de los congresos locales, además de contemplar la eliminación de beneficios excesivos en el ámbito electoral.
La diputada Biaani Palomec Enríquez y el diputado Dante Montaño Montero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), destacaron que la reforma se sustenta en principios de racionalidad presupuestal y austeridad republicana, orientados a eliminar excesos en los congresos estatales y en los ayuntamientos.
El dictamen aprobado establece que cada ayuntamiento estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, conforme a los principios de paridad de género vertical y horizontal, así como de igualdad sustantiva y perspectiva de género en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Asimismo, se dispone que las constituciones estatales deberán garantizar que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente, asegurando además la observancia de los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos.
Se establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, así como de quienes encabezan áreas administrativas, ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas, no podrán exceder el límite previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
