El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma sustancial para garantizar la integridad de la niñez y adolescencia, al incorporar nuevas restricciones al catálogo de trabajos prohibidos para menores de 18 años. Esta modificación legal no solo veta el reclutamiento de menores en actividades ilícitas, la trata y la esclavitud, sino que extiende la protección hacia entornos que comprometan la salud física y mental. Bajo este nuevo marco, quedaron estrictamente prohibidas las labores realizadas en condiciones de peligro, como aquellas efectuadas bajo tierra, en el agua, en alturas o que requieran el uso de maquinaria pesada, así como las jornadas nocturnas y prolongadas que obstaculicen el desarrollo integral de este sector poblacional.
Aunado a las restricciones físicas, la normativa enfatiza la prohibición de cualquier ocupación que vulnere la integridad psicológica o el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. Con esta actualización, el marco jurídico estatal se alinea con la Constitución Política de México y la Ley Federal del Trabajo, estableciendo un cerco legal contra los abusos de orden sexual, físico o emocional en el ámbito laboral. Los legisladores destacaron que estas medidas buscan erradicar prácticas que tradicionalmente han pasado desapercibidas bajo esquemas de informalidad, pero que representan un riesgo latente para la seguridad de los menores oaxaqueños.
Esta determinación legislativa respondió a un panorama crítico revelado por la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Inegi, la cual señaló que en México existen 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años en situación de trabajo, de los cuales 2.1 millones se desempeñan en ocupaciones no permitidas. En el contexto local, las cifras resultaron particularmente alarmantes, ya que se informó que el 18.5 por ciento de la población infantil en Oaxaca desempeña labores que no son propias para su edad ni desarrollo. Ante este escenario, la reforma se presentó como una herramienta necesaria para mitigar el impacto de la explotación y asegurar que la educación y el bienestar prevalezcan sobre la necesidad económica o la vulnerabilidad social.
