El auge de los procedimientos estéticos en México ha operado en un vacío de vigilancia que, entre 2014 y 2025, cobró la vida de al menos 121 personas, según documentó una investigación de Animal Político y CONNECTAS. El caso de Keila Julissa Camacho, una joven de 25 años que falleció tras una liposucción realizada por un médico sin cédula de especialidad, tipifica una tragedia sistémica: la proliferación de clínicas que ofrecen precios bajos y facilidades de pago, pero que carecen de la certificación necesaria para garantizar la seguridad del paciente. A pesar de que México se posiciona como el tercer país con más intervenciones de este tipo a nivel mundial, las autoridades sanitarias no mantienen un conteo oficial de los decesos en el sector privado, lo que invisibiliza la magnitud de un problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres.
Bajo esta opacidad, las fiscalías del país apenas reconocen una fracción de las muertes, investigando solo el 58% de los casos como homicidios por responsabilidad médica. La disparidad en los datos es alarmante; mientras que entidades fronterizas como Baja California y Tamaulipas concentran la mayor incidencia de fatalidades, estados como Oaxaca reportan registros mínimos que no coinciden con la realidad de las complicaciones postoperatorias. Esta falta de seguimiento se agrava con la expedición de certificados de defunción que omiten la relación directa entre la cirugía y el fallecimiento, catalogando las muertes como causas naturales o infartos, lo que impide fincar responsabilidades legales y deja a las familias en la indefensión jurídica.
En consecuencia, especialistas en psicología y sociología advierten que esta crisis se alimenta de la «violencia estética», una presión social que empuja a las mujeres a someterse a intervenciones riesgosas para cumplir con estándares de belleza inalcanzables. La ausencia de regulación en la publicidad de redes sociales y la validación educativa de maestrías que no equivalen a una especialidad quirúrgica por parte de la Secretaría de Salud, generan un entorno de riesgo persistente. Sin estadísticas claras ni una fiscalización rigurosa de los insumos y la capacitación médica, el sistema de justicia mexicano continúa fallando en la protección de quienes, buscando una mejora física, terminan perdiendo la vida en quirófanos irregulares.
