Luego de que en medios de comunicación y grupos de WhatsApp circulara información sobre un presunto manejo irregular de aguas residuales con posible afectación ambiental, el Gobierno del Estado informó que instruyó a las instancias correspondientes revisar el caso conforme a la normatividad vigente. A través de un posicionamiento, la administración estatal reiteró que la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales son una prioridad, por lo que se realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades.
El incidente se relaciona con una pipa de desazolve tipo Vactor, presuntamente contratada por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), cuyo conductor fue sorprendido por integrantes de la Unión de Piperos de Aguas Residuales del Estado de Oaxaca cuando presuntamente intentaba descargar residuos en una olla recolectora que desemboca directamente en el Río Salado. De acuerdo con los operadores de la unión, el punto donde se realizaba la descarga no corresponde a los sitios autorizados para el vaciado de aguas residuales, lo que, señalaron, representaría un riesgo de contaminación para este afluente.
Ante la situación, los piperos retuvieron al conductor mientras personal jurídico de SOAPA dialogaba con los inconformes para abordar el caso. Durante el intercambio, se acordó establecer una mesa de atención la próxima semana con el objetivo de revisar el procedimiento y atender las inquietudes del gremio. Los representantes de la unión también señalaron que las pipas que operan bajo su organización cuentan con puntos específicos autorizados para descargar, los cuales se conectan a líneas que conducen a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en San Juan Bautista La Raya.
Posteriormente, elementos de la policía municipal de San Antonio de la Cal acudieron al lugar y trasladaron al conductor junto con la unidad para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente. En su posicionamiento, el Gobierno del Estado reiteró que, en caso de detectarse alguna irregularidad durante las indagatorias, se procederá conforme a derecho y se aplicarán las sanciones que marque la ley, al tiempo que refrendó su compromiso con la protección ambiental y el uso responsable de los recursos naturales en beneficio de la población y de las futuras generaciones.
