Miembros de la Comisión Política del Frente Popular Revolucionario (FPR) detallaron este día sus exigencias de justicia e infraestructura para diversas comunidades, al anunciar una jornada de lucha que incluye la ocupación de varios edificios públicos en la capital oaxaqueña. Entre los inmuebles tomados se encuentran la Ciudad Judicial, el Complejo Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Fiscalía en Chicotepec, la Junta de Conciliación y Arbitraje, los Servicios de Salud y la calle Independencia. Estas acciones, explicaron, responden a un bloqueo persistente de puntos estratégicos y forman parte de un esfuerzo conjunto con sindicatos y otras organizaciones sociales que comparten demandas concretas de trabajadores del campo y la ciudad.
Debido a ello, el FPR solicitó una interlocución directa con el gobernador del estado. Señalaron que, aunque existe diálogo con el secretario de Gobierno, Jesús Romero, los acuerdos alcanzados no se traducen en acciones concretas por parte de las dependencias responsables, en particular la Fiscalía. Esta situación, afirmaron, genera un doble discurso: se atienden las peticiones en reuniones, pero no se resuelven los temas de fondo, lo que entorpece la gobernabilidad y obstaculiza el cumplimiento de compromisos pendientes. Por ello, la movilización actual podría intensificarse si persiste el incumplimiento.
En materia de justicia, el Frente Popular Revolucionario reclama avances en casos emblemáticos como el asesinato político de Tomás Martínez Pinacho —ocurrido hace cinco años sin progreso en la investigación de los autores intelectuales—, el homicidio de Manuel Cartas —hace cuatro años— y la desaparición de Laura Juárez, junto con otros expedientes similares. En cuanto a desarrollo social e infraestructura, piden proyectos que vayan más allá de los programas asistencialistas, con obras que fortalezcan el campo mexicano en todas las regiones del estado, así como el respeto pleno a los derechos sindicales de los trabajadores urbanos. Con estas acciones, el FPR busca que las autoridades atiendan de manera integral las necesidades planteadas por las comunidades.
