La violencia ha recrudecido en la zona limítrofe de San Juan Mazatlán Mixe, en el distrito Mixe de Oaxaca, donde pobladores de la agencia Loma Santa Cruz reportan un sitio impuesto por habitantes de Santo Domingo Petapa, liderados por su presidente municipal, Aldo Enrique Cruz Domínguez. Este episodio revive un conflicto agrario pendiente desde 2023, que ha forzado a familias enteras a abandonar sus hogares por temor a nuevos actos violentos. Según denuncias de las autoridades comunitarias, el bloqueo de la carretera de terracería hacia Matías Romero, iniciado el 12 de mayo de 2023, persiste hasta la fecha, impidiendo el libre tránsito y afectando severamente la vida diaria en comunidades como Loma Santa Cruz, Rancho Pares, Los Valles y San Antonio del Valle. Además, el corte de suministro eléctrico en estas áreas, ordenado por autoridades de Petapa desde ese año, agrava la situación, dejando a residentes sin servicios básicos esenciales.
Sin embargo, las quejas se centran en la inacción oficial. Las autoridades de San Juan Mazatlán Mixe afirman que el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, fue notificado el 20 de febrero de 2026 sobre incursiones armadas, mediante un oficio que detallaba los riesgos, pero no ha intervenido. Esta omisión, argumentan, fomenta la impunidad, especialmente en casos como la muerte del comunero Cipriano Bautista Domínguez el 12 de mayo de 2023 y, más recientemente, la de Israel Cabrera Andrés el 25 de febrero de 2026, atribuida a una incursión armada desde Petapa. Pese a intentos previos de acuerdos legales ante tribunales, promovidos por el gobierno estatal hace tres años, Santo Domingo Petapa no los ha respetado, optando por acciones violentas que vulneran la seguridad de comunidades indígenas.
Ante esta escalada, las autoridades agrarias exigen medidas urgentes: intervención inmediata del Gobierno Federal para garantizar seguridad y derechos humanos, despliegue de protección para vulnerables como niños, mujeres y adultos mayores, restablecimiento de tránsito y servicios, investigaciones exhaustivas de los hechos violentos con sanciones públicas, y la instalación de una mesa de diálogo con imparcialidad y acompañamiento de organismos de derechos humanos. En un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizan que la omisión institucional profundiza el conflicto, y reiteran su compromiso pacífico con la defensa de derechos ancestrales sobre el territorio comunal. La paz, insisten, requiere justicia y legalidad para restaurar la dignidad de los pueblos afectados.
