En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 65 mil millones de pesos pendientes de aclarar por gobiernos estatales y municipales en todo el país, de acuerdo con la tercera entrega de informes presentada ante la Cámara de Diputados el 17 de febrero de 2026.
De ese total, alrededor de 59 mil millones corresponden a gasto federalizado, es decir, recursos que la Federación transfiere a estados y municipios, incluidos fondos para seguridad como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado a capacitación, equipamiento y profesionalización policial en las 32 entidades.
Oaxaca integra el grupo de estados donde la principal observación es la falta de documentación comprobatoria. Aunque la cifra inicial observada fue de 67.8 millones de pesos y se redujo a 58.9 millones al cierre de febrero, tras aclaraciones parciales —una diferencia de 8.9 millones justificada durante el proceso de auditoría—, el monto restante aún carece de facturas o contratos que acrediten su uso en capacitación o equipamiento policial.
A nivel nacional, millones de pesos en materia de seguridad permanecen sin solventar. En el caso de Oaxaca, la ASF otorgó un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones; de lo contrario, la entidad podría enfrentar sanciones administrativas y posibles recortes de recursos federales.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras estos 58.9 millones continúan sin aclararse, Oaxaca enfrenta un déficit superior al 35 por ciento en su estado de fuerza policial con certificación vigente a inicios de este año.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) reporta que 7 de cada 10 oaxaqueños se sienten inseguros en sus municipios.
En contraste, estados como Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas fueron reconocidos por la Federación por no registrar montos pendientes en sus auditorías de seguridad.
La resolución de estas observaciones será clave para evitar impactos presupuestales adicionales y garantizar que los recursos públicos destinados a la seguridad se traduzcan en mejores condiciones para las ocho regiones de Oaxaca.
