Organizaciones sociales de Oaxaca han iniciado una asamblea permanente para reconstituir el movimiento social en el estado, enfocándose en la defensa de la vida, la tierra y el territorio. Este espacio colectivo, que se declara como un eje de unidad entre pueblos indígenas y comunidades, surge en respuesta a múltiples agravios acumulados, incluyendo detenciones arbitrarias, asesinatos de defensores ambientales y violaciones a derechos territoriales. Entre las demandas centrales destacan la liberación inmediata del defensor de los bosques Pablo López, quien cumple 15 años de detención arbitraria, y la reincorporación de la doctora María Belén Benítez López, despedida injustificadamente del Instituto del Bienestar. Además, exigen justicia por el asesinato de Catarino Torres Pereda y la salida de las Fuerzas Armadas Federales del Istmo de Tehuantepec.
Por otra parte, los participantes reclaman protección y reparación para víctimas de extorsión y tentativa de homicidio en Palo Grande, a manos de la policía municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, junto con la destitución de su comisario. Insisten en esclarecer casos como el asesinato de Ovet de Espinoza Ramos, a un año de ocurrido, y las agresiones a miembros de la Asamblea de Pueblos por parte de la policía estatal. Otras exigencias incluyen justicia para Tomás Martínez Pinacho, la cancelación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y un rechazo rotundo al proyecto residencial Punta Faro en El Coyol. A seis años del homicidio del biólogo Eugey Roy, demandan el cese de la criminalización contra defensores del territorio, así como la anulación de concesiones mineras en todo el estado, particularmente en los Valles Centrales.
En un contexto más amplio, la asamblea aboga por el reconocimiento de la energía eléctrica como derecho humano, el respeto a la autonomía comunitaria y los bienes ejidales, y un Oaxaca libre de productos chatarra. Exigen la presentación con vida de desaparecidos como Donato Bautista, Miguel Bautista, Marcos Quiroz, Irma Galindo y la defensora indígena trans María Ermegilda Tonansi Mendoza Lucas. Asimismo, reclaman justicia por los asesinatos de Mayolo Quiroz, Jacinto Hernández Quiroz e Isidro Hernández Saloval, ocurridos hace cuatro años en defensa de los bosques, y la libertad inmediata de Feliciano Jiménez Roque. Alto a los cárteles, despojos regionales y criminalización de la protesta social forman parte de este pronunciamiento, que incluye el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés a 30 años de su firma. Mientras evalúan acciones como bloqueos y cierres de carreteras, los colectivos mantienen la asamblea en pie como un bastión de esperanza y resistencia colectiva.
