Durante la jornada informativa de este viernes, un grupo de al menos 12 congresistas estadounidenses formalizó una petición dirigida a la fiscal general, Pam Bondi, para exigir la aplicación estricta de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA). Esta iniciativa, impulsada por los líderes de la Comisión de Helsinki, surgió en un momento clave para la región sudamericana, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, evento que detonó un cambio estructural en las relaciones comerciales y el levantamiento progresivo de sanciones que anteriormente limitaban la operatividad en territorio venezolano.
En este sentido, los legisladores subrayaron la urgencia de activar los mecanismos de vigilancia de la FEPA ante el inminente retorno de las empresas petroleras al país caribeño. Según proyecciones de la Casa Blanca, se estimó que las inversiones privadas podrían alcanzar los 100 mil millones de dólares, una cifra que, si bien representa una oportunidad de reactivación económica, también expone a las corporaciones estadounidenses a entornos históricamente vulnerables a la corrupción. La normativa en cuestión establece como un delito federal que funcionarios extranjeros soliciten o acepten sobornos de empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos, buscando así blindar la integridad de los capitales transnacionales.
Por lo anterior, el respaldo bipartidista a esta medida reflejó una preocupación latente por garantizar que el flujo de recursos hacia el sector energético venezolano no se vea empañado por prácticas ilícitas. Organizaciones como Transparencia Internacional han seguido de cerca este proceso, señalando que la transparencia será el pilar fundamental para que la nueva etapa de inversiones privadas se traduzca en un desarrollo real y legítimo, evitando que los esquemas de extorsión del pasado se repliquen en el nuevo escenario político de la nación vecina.
