Dos empleados del Registro Civil de Oaxaca fueron detenidos por presuntamente falsificar y alterar actas de nacimiento que vendían ilegalmente a migrantes de varios países. Gladys Dinoraht Chávez Mijangos, técnica especializada en trámites foráneos, y Luis Antonio Martínez Ramírez, ex técnico administrativo adscrito a sistemas, fueron capturados por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones. La Fiscalía General del Estado confirmó las detenciones y señaló que ambos aprovecharon su acceso al sistema SATYS para cometer el delito. El caso salió a la luz tras una denuncia de la periodista Dolia Estévez, quien documentó el intento de un ciudadano chino de obtener un pasaporte mexicano con un documento apócrifo expedido en Tehuantepec.
La alerta internacional llegó desde la Embajada de México en Filipinas. El 20 de enero, Jialin Ye se presentó para tramitar un pasaporte de urgencia con una copia digital de un acta de nacimiento registrada el 15 de julio de 1999 en Tehuantepec, en la que aparecían como padres Guoxiang Ye y Lihong Xiao. El joven desconocía el español y los procedimientos de registro mexicano, lo que levantó sospechas inmediatas. El embajador Daniel Hernández Joseph solicitó verificación formal al día siguiente a través del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID). El documento resultó falso.
Las investigaciones revelan que la red operaba principalmente desde el Istmo de Tehuantepec. Chávez Mijangos creó actas inexistentes entre el 12 de febrero y el 20 de agosto de 2024 en oficialías como Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, San Pedro Mixtepec, Juchitán de Zaragoza y Santa María Huatulco, rellenándolas con datos de migrantes sin dejar rastro en el sistema. En un segundo periodo, del 16 de junio de 2023 al 17 de septiembre de 2024, alteró actas existentes, generando discrepancias graves en los apéndices oficiales. Martínez Ramírez borraba periódicamente los movimientos para encubrir las operaciones. La Fiscalía detectó que el esquema benefició también a personas de Honduras, Estados Unidos y otras nacionalidades, lo que refleja un nivel profundo de corrupción institucional. Aunque los imputados ya fueron presentados ante un juez, la investigación sigue abierta: persisten denuncias de venta de actas, cobros indebidos y posible complacencia de mandos superiores, incluso con posibles vínculos a grupos delictivos de la zona.
