La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este mediodía que sus nueve integrantes declinaron el uso de las camionetas de reciente adquisición, luego de que el gasto de 1.7 millones de pesos por unidad generara una fuerte controversia pública. A través de un comunicado oficial emitido durante la jornada, el Alto Tribunal informó que se inició el proceso administrativo para la devolución de los vehículos de la marca Jeep o, en su defecto, para su reasignación a personas juzgadoras que enfrentan situaciones de alto riesgo en el país. Esta decisión se tomó bajo el argumento de mantener un uso eficiente de los recursos públicos, en un contexto donde la opinión social ha demandado mayor congruencia con las políticas de austeridad vigentes.
Dicha determinación ocurrió tras la exposición mediática de los contratos de compra para los nuevos ministros electos en junio de 2025, lo que desató una serie de señalamientos por el contraste entre el valor comercial de los bienes y los discursos de ahorro institucional. No obstante, la Corte había defendido inicialmente la operación señalando que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad técnica necesarios según la normativa interna de 2019. De igual forma, la administración federal intervino en el debate a través de la Secretaría de Gobernación, aclarando que la compra sustituyó un esquema previo de arrendamiento, lo cual, según cifras oficiales, representó un ahorro proyectado superior a los mil millones de pesos para el erario.
Finalmente, el cuerpo de ministros subrayó que la medida no respondió a criterios discrecionales, sino a una evaluación de seguridad preventiva que ahora será redirigida para proteger a magistrados en funciones críticas. Con el fin de transparentar los detalles técnicos y financieros de esta cancelación y el destino final de las unidades, la SCJN convocó a una conferencia de prensa programada para las primeras horas de este lunes. De este modo, el máximo tribunal buscó cerrar el episodio de confrontación política y mediática, reafirmando su compromiso con una justicia que calificaron como «real y verdadera» frente a las exigencias de la ciudadanía y los otros Poderes de la Unión.
