La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 2 de febrero comenzará el proceso de indemnización para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Chivela, Oaxaca. Este anuncio se produce un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuyera el accidente a un exceso de velocidad, al circular el convoy a 65 kilómetros por hora en una curva limitada a 50. La mandataria enfatizó que las familias decidirán si aceptan las compensaciones, las cuales se agilizarán y entregarán directamente en sus hogares para evitar traslados innecesarios. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, detalló que las indemnizaciones serán diferenciadas según el nivel de afectación, incluyendo no solo montos económicos sino también apoyo en vivienda, becas y educación.
Por otro lado, este miércoles se cumplió un mes del percance, y las autoridades han iniciado mesas de trabajo con las familias en sus comunidades, principalmente en Oaxaca y Veracruz. Estas reuniones contarán con asesores jurídicos, personal de la FGR y la Segob, y presentarán propuestas de la aseguradora. Medina aseguró que se reducirán los tiempos administrativos, acortando procesos que suelen durar seis meses. Hasta ahora, tres víctimas han presentado denuncias contra constructoras, contratistas y servidores públicos por homicidio y lesiones culposas. Además, la firma legal Vega, Mac Gregor & Arellano, que representa a algunas víctimas, solicitó acceso a la carpeta de investigación ante la falta de avances, promoviendo una audiencia de control por omisión el 27 de enero.
En paralelo, la FGR ha detenido a dos trabajadores: Felipe de Jesús Díaz Gómez, el maquinista, aprehendido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, capturado en Coatzacoalcos, Veracruz. Estas detenciones responden a presuntas responsabilidades en el accidente, que dejó víctimas y familiares en espera de justicia. Aunque la reparación integral busca ser integral y expedita, persisten demandas por mayor transparencia en la indagatoria federal.
