Más de dos años después del brutal ataque con cuchillo que sufrió Florencia y su hija Daniela, mujeres indígenas triquis, en las afueras del Ministerio Público de Putla de Guerrero, Oaxaca, las víctimas siguen sin acceder plenamente a la justicia. El incidente ocurrió el 25 de enero de 2023, alrededor de las 17:00 horas, cuando ambas intentaban presentar una denuncia. Sin previo aviso, el policía municipal Julián Franco Mendoza Pérez las agredió salvajemente y las amenazó de muerte. La oportuna intervención de testigos presentes evitó un desenlace fatal, y las afectadas recibieron atención médica en la clínica local de 30 camas, lo que les permitió sobrevivir a las heridas graves.
Sin embargo, el proceso judicial ha estado marcado por obstáculos y aparentes irregularidades que han perpetuado la impunidad. A pesar de las pruebas y la conmoción en la comunidad, el agresor fue liberado poco después del hecho. Inicialmente, el juez Carlos Santos Ferrer lo condenó solo por lesiones simples, desestimando la clasificación como tentativa de feminicidio. Esta sentencia fue revocada por una Sala Penal debido a vicios en el procedimiento, lo que abrió la puerta a un nuevo juicio. Programado para el 22 de enero de este año bajo la responsabilidad del juez Erasto Cruz García, la audiencia se canceló abruptamente por falta de conexión a internet y ausencia de intérpretes, un hecho que resalta el trato discriminatorio hacia personas de pueblos indígenas.
En este contexto, la defensora de derechos humanos María Guadalupe Pacheco, dirigente del Centro de Defensa de los Derechos de la Mujer (CEDEM), ha denunciado públicamente estas anomalías a través de su cuenta oficial. Según sus señalamientos, el juez actual mantiene presuntos lazos con un familiar del agresor, lo que ha influido en el retraso y la negación de derechos a las víctimas. Este caso ilustra los desafíos persistentes en el sistema judicial oaxaqueño para garantizar equidad, especialmente en comunidades marginadas, donde la revictimización agrava el trauma inicial.
