En un avance judicial significativo, un juez en Oaxaca ha vinculado a proceso a tres exconcejales del Ayuntamiento de San Juan Lajarcia por el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El expresidente municipal Alejandro H. V., el exsíndico José Ángel A. M. y el exregidor de Obras Rey Fernando R. S. enfrentan cargos por obstruir el ejercicio del cargo de Gabriela Martínez Domínguez, quien fungió como regidora de Hacienda durante el trienio 2023-2025 en este municipio del distrito de San Carlos Yautepec. La denuncia, presentada por la afectada, detalla una serie de conductas que le impidieron cumplir con sus responsabilidades, incluyendo obstrucciones administrativas y actos basados en estereotipos de género que derivaron en violencia verbal y psicológica. Estos hechos, ocurridos en un contexto de gobierno local electo por Asamblea Comunitaria, resaltan las barreras persistentes para la participación femenina en la política municipal.
Sin embargo, la audiencia judicial expuso elementos probatorios que sustentaron la imputación, alineándose con el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual tipifica estas acciones como un agravio específico contra las mujeres en el ámbito público. Este caso no solo subraya la aplicación de marcos legales federales en disputas locales, sino que también refleja un esfuerzo por combatir la discriminación en entornos rurales de Oaxaca, donde las tradiciones comunitarias a veces chocan con principios de equidad. Los acusados, al haber sido vinculados, ahora deberán enfrentar las siguientes etapas del proceso penal, lo que podría sentar precedentes para futuras denuncias similares en la región.
Por otra parte, la resolución judicial llega en un momento en que las autoridades estatales y federales intensifican la vigilancia sobre la violencia política de género, especialmente en municipios indígenas o con sistemas de usos y costumbres. Aunque el trienio en cuestión ya concluyó, el impacto de estas obstrucciones afectó directamente el desempeño administrativo de Martínez Domínguez, privándola de herramientas esenciales para su labor. Este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos preventivos en los ayuntamientos para garantizar el pleno ejercicio de cargos electos, independientemente del género, y refuerza la importancia de denuncias oportunas para visibilizar y sancionar tales conductas.
