El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, defendió el registro obligatorio de líneas celulares como medida clave para combatir delitos como la extorsión, el fraude, el acoso y el secuestro virtual. Explicó que la compra anónima de chips en México facilitó durante años el uso de números sin identificar, lo que impedía rastrear a los responsables de llamadas delictivas. Con el nuevo esquema, cada línea debe asociarse a una persona física mediante verificación presencial o remota, con el celular y el chip en posesión del usuario.
Merino aclaró que las empresas de telefonía resguardan los datos personales —como nombre y CURP— conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en procesos similares a los que aplican los bancos para validar identidades. El gobierno no accede directamente a esas bases de datos ni almacena información biométrica. En caso de delito cometido con una línea, las autoridades de investigación solicitan la información adicional a la compañía telefónica únicamente bajo los términos del Código Penal Federal.
El funcionario respondió dudas frecuentes: nadie puede asociar una línea con identidad ajena sin el chip físico y la prueba de vida; los menores requieren que sus tutores realicen el registro; y si se pierde un chip, la baja inmediata impide el uso ilícito. Para la protección colectiva, insistió en que todas las líneas deben vincularse a una persona identificable, con más de 2.1 millones ya registradas hasta el momento.
