Más de 55 mil figuras educativas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) iniciaron movilizaciones y labores de brazos caídos en diversos estados del país para demandar un aumento al apoyo económico, acceso a seguridad social y medidas de protección en zonas de alto riesgo.
Las protestas, detonadas por la reducción del apoyo de fin de año de seis mil pesos en 2024 a solo 980 pesos en 2025, se registraron en entidades como Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Colima y Tlaxcala, con traslados desde el Estado de México hacia las oficinas centrales en la Ciudad de México. Los educadores comunitarios, que perciben entre dos mil 650 y 5 mil pesos mensuales por jornadas de hasta 12 horas en comunidades rurales sin servicios básicos, denunciaron la ausencia de prestaciones, seguro médico y protocolos contra asaltos o delincuencia organizada.
Alfredo Juárez Pineda, educador comunitario de acompañamiento, señaló que los montos actuales no cubren gastos básicos del trabajo en campo y comparó la situación con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga nueve mil 582 pesos mensuales junto con IMSS y materiales de capacitación.
Las figuras educativas regresaron a clases bajo protesta para evitar afectar a los estudiantes en regiones donde el CONAFE representa la única opción educativa disponible, aunque la rotación constante de docentes agrava el rezago académico. Autoridades federales ofrecieron instalar una mesa de diálogo permanente y responder al pliego petitorio en un plazo de 20 a 30 días, aunque cualquier mejora depende de asignación presupuestal adicional.
La preocupación aumenta ante una posible reducción de mil millones de pesos en el presupuesto del CONAFE para 2026, lo que impactaría directamente a los educadores y a las comunidades más vulnerables. Los manifestantes exigen condiciones laborales equiparables a su responsabilidad en zonas de alta marginación, donde enfrentan traslados riesgosos sin acompañamiento institucional. Las movilizaciones, iniciadas el martes, continuaron de forma coordinada en múltiples sedes regionales pese a amenazas de rescisión de convenios contra participantes.
