El caso de la activista Sandra Domínguez continúa abierto, sin resolución y con pendientes graves, por lo que representa una deuda del Estado con la víctima, su familia y la sociedad, denunció la defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya.
La activista, integrante del Colectivo Consorcio para el Diálogo Parlamentario para la Equidad de Género, dejó en claro que el expediente no ha sido cerrado ni archivado, y que aún existen obligaciones fundamentales sin cumplir, como la reparación integral del daño a los deudos, la reclasificación del delito de desaparición forzada a feminicidio, así como la detención del resto de las personas implicadas en el secuestro y asesinato de Sandra Domínguez y su pareja.
Sánchez Maya reprochó la actuación de la Fiscalía de Justicia, al señalar que la investigación se mantiene estancada, sin avances sustanciales ni voluntad institucional para generar justicia. “El Estado tiene que hacer su trabajo. Nosotros aguardamos los procedimientos necesarios, pero seguimos pendientes y a la espera de resultados de la Fiscalía y de todo el aparato del Estado”, expresó.
Advirtió que, hasta el momento, los trabajos avanzan de manera lenta y sin disposición real del personal encargado del caso. Lamentó que no se haya notificado ni judicializado el expediente, pese a que en él convergen dos posibles crímenes de lesa humanidad, lo que agrava la responsabilidad del Estado.
Asimismo, denunció la falta de acciones para capturar al resto de los implicados, así como el incumplimiento en la reparación del daño a la familia, particularmente a los hijos de la activista. También alertó que fueron retiradas las medidas de protección a la madre y a la hermana de Sandra Domínguez, a pesar de que ambas recibieron amenazas relacionadas con el crimen.
La defensora de derechos humanos sostuvo que la falta de avances responde a una ausencia de interés y voluntad política, lo que ha permitido que la impunidad se prolongue. Señaló además que persisten serias dudas sobre la versión oficial de los hechos, al considerar que los verdaderos responsables no han sido plenamente señalados ni sancionados.
“El caso no debe ser olvidado. Es una deuda pendiente del Estado y un delito de lesa humanidad. Seguimos esperando los avances y resultados que debe entregar el fiscal general”, afirmó.
Finalmente, Sánchez Maya aseguró que durante 2026 los colectivos de derechos humanos exigirán que el Estado asuma plenamente su responsabilidad, resuelva el caso, sancione a los responsables y genere condiciones de justicia, protección y garantía de derechos para la hija de Sandra Domínguez, quien también es víctima directa de este crimen.
