En el contexto del proceso de revocación de mandato, el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, ha precisado que la entidad no enfrenta una veda electoral propiamente dicha, sino una suspensión temporal de la propaganda gubernamental. Esta medida restringe la difusión de logros o iniciativas oficiales que podrían influir en la opinión pública, diferenciándose de la veda que solo aplica en los días previos a la jornada electoral. El funcionario enfatizó que tales limitaciones buscan mantener la neutralidad durante este periodo, prohibiendo a dependencias estatales y municipales promocionar obras o acciones destinadas a elevar la imagen del gobierno.
Sin embargo, Vásquez Sagrero subrayó que estas restricciones están ancladas en normativas sólidas, incluyendo la Constitución Política, la Ley de Revocación de Mandato y directrices de la autoridad electoral, avaladas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta obligación abarca los tres niveles de gobierno y no representa una decisión arbitraria, sino un mandato legal para garantizar equidad. A pesar de ello, se contemplan excepciones clave en áreas críticas para la población oaxaqueña, como protección civil, salud, seguridad y educación, así como respuestas a emergencias o contingencias, permitiendo que estas funciones continúen sin interrupciones.
Por otra parte, el consejero aclaró que los programas sociales y apoyos gubernamentales pueden seguir operando bajo reglas establecidas, siempre que eviten eventos masivos o usos promocionales. Además, se mantiene la prohibición para servidores públicos y legisladores de expresar posiciones a favor o en contra del proceso, con el fin de preservar la imparcialidad hasta el cierre del periodo. Estas disposiciones reflejan un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la atención a necesidades esenciales en Oaxaca, asegurando que el silencio oficial no comprometa servicios vitales.
