Con el fin de salvaguardar los derechos humanos a la alimentación adecuada, a la salud y a la vida de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se exhorta a las autoridades escolares a cumplir y hacer cumplir la prohibición de la publicidad, distribución o expendio de productos que contengan sellos o leyendas de advertencia emitidas por la Secretaría de Salud, conocidos como refrescos y comida chatarra, al interior de los centros educativos.
La propuesta fue suscrita por el diputado César David Mateos Benítez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien destacó la necesidad de que las autoridades educativas acaten de manera estricta la normatividad vigente que prohíbe la presencia de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en los planteles de educación básica y media superior.
Durante la exposición de motivos se subrayó que, de acuerdo con información difundida por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, de 4.6 millones de alumnas y alumnos revisados en escuelas del país, el 40 por ciento presentaba problemas de sobrepeso u obesidad, mientras que el 76 por ciento padecía caries, cifras que evidencian la urgencia de fortalecer acciones preventivas desde el ámbito escolar.
En el caso de Oaxaca, se señaló que, si bien la venta de estos productos fue suspendida en las escuelas, algunas instituciones educativas reintrodujeron su comercialización al inicio del actual ciclo escolar bajo el argumento de que se trató de una medida temporal, cuando es una disposición general y de carácter permanente.
El legislador promovente resaltó la importancia de que la entidad se consolide como el primer estado en eliminar al 100 por ciento estos productos de los entornos escolares, en beneficio de la salud y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias.
El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, precisó que estas medidas no son arbitrarias, sino que responden a un marco jurídico sólido que se fundamentan en el principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Carta Magna, en la Constitución local y en la Ley General de Educación, la cual establece que los cargos directivos y las autoridades escolares son responsables directos de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones al interior de las escuelas.
Dicho exhorto fue aprobado con 39 votos a favor en la Sesión Ordinaria que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre de 2025.
