El senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación con el objetivo de prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles personales en las escuelas de educación básica de todo el país. La propuesta plantea modificar específicamente el artículo 84 de dicha ley para restringir el acceso a tabletas electrónicas, relojes inteligentes y teléfonos durante la jornada escolar. Según el proyecto, estos dispositivos solo podrían ser utilizados en situaciones excepcionales de emergencia o cuando se acrediten necesidades educativas especiales, permitiendo así que el entorno escolar recupere su función como un espacio de formación libre de distracciones digitales.
En este sentido, la iniciativa faculta al personal docente y directivo para retener los equipos de los estudiantes al inicio de las clases, con la obligación de devolverlos al concluir las actividades académicas. El legislador argumentó que esta medida responde al impacto negativo que el uso indiscriminado de la tecnología ha tenido en la convivencia escolar y en los procesos de atención plena. Al establecer límites claros, se busca favorecer la interacción directa entre alumnos y maestros, además de fomentar habilidades críticas como la lectura y la reflexión profunda, las cuales se ven frecuentemente desplazadas por la conectividad constante y el consumo de contenidos rápidos.
Por otro lado, el senador subrayó que la restricción es también una medida de protección para la salud mental y la integridad de los menores. El entorno digital, cuando no está supervisado, expone a los niños y adolescentes a riesgos crecientes como el ciberacoso y el acceso a contenidos inapropiados, además de generar una dependencia que afecta su desarrollo emocional. Finalmente, Anaya Gutiérrez aclaró que la propuesta no busca frenar el progreso tecnológico, sino garantizar que la tecnología sea una herramienta complementaria y no un sustituto de la interacción humana en el aula. El proyecto ha sido turnado a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
