La organización Sociedad Civil Las Abejas denunció que, a 28 años de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó, Chiapas, persiste la impunidad por el asesinato de 45 indígenas tsotsiles, entre ellos 18 mujeres —cuatro embarazadas—, 16 niñas y niños, así como cuatro bebés nonatos, y 26 heridos graves. Paramilitares priístas y cardenistas, respaldados por el Estado, ejecutaron el ataque mientras las víctimas oraban, en un crimen calificado como de lesa humanidad por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Sobrevivientes, como Guadalupe Vázquez, leyeron un comunicado donde criticaron la liberación de autores materiales ordenada por la Suprema Corte en 2009 y la ausencia de castigo a responsables intelectuales.
Durante la conmemoración, cientos de personas participaron en una peregrinación y misa oficiada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, quien llamó a construir paz, al tiempo que jóvenes expresaron preocupación por la violencia del crimen organizado en comunidades indígenas. Las Abejas afirmaron que la justicia verdadera se construye desde la memoria comunitaria y no desde instituciones estatales, a las que describieron como caducas. El Frayba exigió al Estado mexicano reconocer su responsabilidad y romper el pacto de impunidad, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.
El caso, presentado hace 20 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aguarda aún el informe de fondo, mientras varios familiares han fallecido sin obtener reparación. Organizaciones coinciden en que la violencia contrainsurgente contra pueblos indígenas se prolonga, aunque el gobierno federal actual rechaza el uso de la fuerza estatal contra el pueblo. La impunidad alimenta la crisis de derechos humanos en la región.
