En medio de las persistentes sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana desde 2019, las exportaciones de crudo de Venezuela han mostrado una notable recuperación, alcanzando alrededor de un millón de barriles diarios en los últimos tiempos. Esta cifra, aunque modesta comparada con los tres millones de barriles producidos en 1998 antes del chavismo, evidencia las limitaciones de las medidas punitivas estadounidenses. El gobierno de Nicolás Maduro ha logrado reactivar parte de la producción y encontrar rutas alternativas para comercializar el petróleo, principalmente a través de una red conocida como «flota fantasma». Estas embarcaciones emplean tácticas para eludir las restricciones, como cambios frecuentes de nombre y bandera, o la desactivación de sistemas de identificación automática, permitiendo transportar crudo sancionado sin ser detectadas fácilmente.
Sin embargo, esta estrategia enfrenta crecientes obstáculos, como lo demuestra la reciente incautación por parte de fuerzas militares estadounidenses de un petrolero gigante frente a las costas de Venezuela. Anunciada por el presidente Donald Trump como la mayor operación de este tipo, la acción involucró al buque The Skipper, un navío de 20 años de antigüedad previamente sancionado en 2022 por su rol en redes de contrabando ligadas a Irán y grupos como Hezbolá. Según reportes, este tanquero, que ha operado bajo nombres como Adisa y The Tokyo, transportaba petróleo venezolano e iraní. El gobierno venezolano calificó el hecho como un «robo descarado y acto de piratería», anunciando acciones en instancias internacionales. Esta intervención no es aislada, sino parte de un despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado en agosto, oficialmente contra el narcotráfico, pero interpretado por analistas como presión para un cambio de régimen en Caracas.
Además, el fenómeno de las flotas fantasmas se extiende más allá de Venezuela, afectando a países como Rusia e Irán bajo sanciones similares. Estimaciones de S&P Global indican que uno de cada cinco petroleros globales se usa para contrabando de crudo sancionado, con alrededor de 1.300 embarcaciones involucradas según Windward. Tácticas comunes incluyen transferencias en alta mar a buques legítimos, que disfrazan el origen del petróleo, o la usurpación de identidades de barcos desguazados, creando «barcos zombis». Un ejemplo reciente es el Varada, que llegó a Malasia en abril con crudo venezolano, usando la identidad de un navío desmantelado en 2017. En Venezuela, informes de Transparencia Venezuela de octubre revelan 71 tanqueros en puertos de PDVSA, muchos en modo furtivo y con banderas de paraísos regulatorios como Panamá o Comoras. Estas operaciones, que incluyen transferencias cerca de la bahía de Amuay, prolongan estancias inusuales en áreas portuarias, generando dudas sobre su legalidad. Con el portaviones Gerald Ford involucrado en el despliegue caribeño, es probable que estas redes enfrenten mayores restricciones, impactando las exportaciones venezolanas.
