Al aproximarse el fin de 2025, el estado de Oaxaca se posiciona nuevamente como la entidad federativa con la menor proporción de trabajadores que reciben aguinaldo, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esta realidad subraya un rezago estructural en el mercado laboral local, agravado por la proximidad de la temporada decembrina, cuando expira el plazo legal para el desembolso de esta prestación. La informalidad laboral, que alcanza cerca del 80% en la región —una de las tasas más elevadas del país—, deja a la mayoría de los ocupados sin contratos formales, sin cobertura de seguridad social y, por ende, sin acceso a derechos como el aguinaldo. Como resultado, miles de familias oaxaqueñas enfrentan presiones económicas adicionales en un periodo caracterizado por incrementos en los gastos cotidianos y festivos.
Sin embargo, para aquellos insertos en el empleo formal, la Ley Federal del Trabajo garantiza el pago del aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre de 2025, independientemente de si se ha completado un año de servicio, en cuyo caso se otorga de manera proporcional. Este beneficio abarca a todos los trabajadores subordinados, sin distinción por tipo de contrato: desde personal de base y confianza hasta eventuales, sindicalizados, por obra determinada o comisionistas. El pago debe efectuarse en efectivo o por transferencia bancaria —con el consentimiento del empleado y asumiendo cualquier costo adicional por parte del patrón—, y no puede reemplazarse con vales, mercancías u otras formas en especie. Tampoco procede su negación por motivos como ausencias, faltas o antigüedad insuficiente.
En caso de incumplimiento, los afectados deben solicitar primero una explicación escrita al empleador; de no resolverse, pueden recurrir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), adscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que brinda asesoría gratuita, mediación y apoyo legal. Alternativamente, se ofrece el servicio telefónico 079 para consultas inmediatas. El plazo para reclamar esta prestación se extiende hasta un año a partir del 20 de diciembre, y el no cumplimiento puede acarrear multas a los patrones. No obstante, en contextos como el de Oaxaca, la prevalencia de la informalidad resalta la necesidad imperiosa de políticas públicas que promuevan la formalización del empleo, con miras a mitigar estas desigualdades y fortalecer la protección laboral en el estado.
