Seis familias tseltales, integradas por 34 personas desplazadas en diciembre de 2021 más ocho menores nacidos después, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. A través de su representante, Bersaín Velasco Aguilar, demandaron al gobierno de Chiapas ayuda humanitaria completa, pues las despensas resultan insuficientes y el estado solo cubre parcialmente el alquiler de cinco de las ocho viviendas que rentan en San Cristóbal de Las Casas. Además, exigieron la liberación de Bersaín Aguilar García, defensor preso desde 2022 por cargos de homicidio y robo.
Los desplazados huyeron de Nueva Palestina, en Ocosingo, tras un ataque armado que destruyó sus hogares y dejó un familiar desaparecido, en un contexto de violencia atribuida a grupos criminales con complicidad de autoridades comunitarias. Velasco Aguilar relató que el conflicto surgió como represalia por denuncias previas contra el crimen organizado. Por ello, las familias rechazan el retorno ante amenazas persistentes y solicitan una reubicación territorial definitiva.
Las demandas incluyen atención integral, garantías de seguridad y justicia para resolver más de cuatro años de precariedad. Fuentes como La Jornada y Quadratín confirman la protesta y las peticiones, sin que autoridades estatales respondan públicamente hasta ahora. El caso ilustra la crisis prolongada de desplazamiento forzado en la Selva Lacandona.
