El juez Antonio Jiménez Carballo en materia penal con sede en Santo Domingo Tehuantepec dictó este miércoles una sentencia absolutoria a favor de 21 integrantes de la comunidad indígena chontal de El Coyul, pertenecientes a la Legítima Sociedad Agrícola Ganadera. Tras un exhaustivo proceso de debate y la presentación de alegatos finales, el juzgador determinó que no existían pruebas suficientes para fincar responsabilidad penal a los comuneros en el presunto delito de despojo del inmueble denominado «El Faro». Aunque la autoridad judicial reconoció la existencia del ilícito y la propiedad del inmueble por parte de la parte acusadora, el fallo deliberatorio fue contundente al señalar que la participación de los señalados no fue acreditada por el Ministerio Público, liberándolos de cualquier pena de prisión, multas económicas o la reparación del daño.
En este sentido, la defensa legal, encabezada por el licenciado Ariel Ceballos, calificó la resolución como un acto de justicia para los pobladores que enfrentaron meses de criminalización y hostigamiento. No obstante, el abogado precisó que el proceso jurídico aún no concluye de forma definitiva, toda vez que el órgano acusador cuenta con un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación o, en su defecto, recurrir al juicio de amparo. Mientras se programa la lectura íntegra de la sentencia para el próximo jueves, los representantes de la comunidad advirtieron que permanecerán en alerta ante posibles represalias o actos vandálicos derivados de la inconformidad de la contraparte, a quienes identificaron como actores externos que han buscado desestabilizar la paz social de la zona mediante denuncias que calificaron de infundadas.
Finalmente, el veredicto fue recibido con júbilo por diversas organizaciones civiles y colectivos que integran la Asamblea de los Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes acompañaron a los imputados durante las audiencias. Los beneficiarios del fallo, visiblemente conmovidos, destacaron que esta decisión judicial devuelve la tranquilidad a las familias de El Coyul, quienes habían cargado con el peso de órdenes de aprehensión y el riesgo inminente de encarcelamiento. Para los portavoces de la comunidad, este triunfo no solo representa un alivio legal, sino un precedente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios frente a intereses particulares que buscan el control de sus territorios ancestrales en la costa oaxaqueña.
