El Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato enfrenta graves deficiencias, como opacidad en recursos, personal insuficiente y ausencia de enfoque de género. Entre 2019 y 2024 recibió solo 12 millones 230 mil pesos, con un máximo anual de 2.5 millones en 2019, aunque destinó casi la mitad a ayudas sociales sin llegar directamente a beneficiarios en algunos años. Estas limitaciones provocan medidas insuficientes ante amenazas, desplazamientos y agresiones que afectan especialmente a mujeres buscadoras y periodistas.
Casos específicos revelan respuestas inadecuadas, como rondines policiales ineficaces o botones de pánico sin señal, lo que obliga a muchas a eliminar sus plataformas digitales o desplazarse. Desde 2015 suman 10 periodistas y defensores asesinados en el estado, según organismos como ONU-DH y Artículo 19, mientras el consejo otorgó 373 medidas a 207 personas, principalmente celulares y patrullajes. Expertos critican la falta de coordinación con el mecanismo federal y protocolos de seguimiento.
Aunque en 2024 se emitieron 54 medidas estatales para 30 beneficiarios y se aprobaron reformas para ampliar protecciones, persisten críticas por presupuestos reducidos y omisiones en atención especializada. Organizaciones destacan que Guanajuato concentra alto riesgo para estos grupos, con buscadoras como principales blancos de violencia, por lo que urgen mayor especialización y recursos para garantizar seguridad efectiva.
