La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, y lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina capturaron al político priista el 8 de diciembre de 2025, a las 14:45 horas, en la colonia Jardines de San Francisco, en la capital chihuahuense, cuando salía de su domicilio rumbo a una cita médica. La detención derivó de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la que se le acusa de ocultar fondos desviados del erario estatal mediante el Sistema Financiero Mexicano durante su mandato entre 2010 y 2016.
Duarte comparecerá este martes 9 de diciembre ante un juez federal en Almolaya de Juárez, a las 9:00 horas, para su audiencia inicial, donde se definirá su vinculación a proceso por el delito de lavado de dinero. La orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, requirió autorización del Gobierno de Estados Unidos, concedida el 4 de diciembre de 2025, tras una solicitud tramitada el 4 de octubre de 2024, ya que su extradición previa en 2022 cubría solo peculado y asociación delictuosa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, confirmó el ingreso del exmandatario al penal alrededor de las 23:00 horas, bajo un dispositivo de seguridad terrestre desde la Ciudad de México, y subrayó que el caso se centra en desvíos específicos de recursos públicos.
El nuevo proceso agrava la situación legal de Duarte, quien permanece sujeto a juicios en Chihuahua por peculado agravado y asociación delictuosa, derivados de desvíos por más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2014, así como por otros 120 millones en una segunda causa. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga desde 2020 por enriquecimiento ilícito y transferencias irregulares, mientras la Comisión Nacional del Agua lo señala por construcciones irregulares en un rancho propio, incluyendo una presa sin permisos con capacidad de 700 mil metros cúbicos. Tras su extradición de Miami en junio de 2022 y una liberación condicional en junio de 2024, este arresto federal marca un revés en su trayectoria política, iniciada en el PRI desde la década de 1970.
