La presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Senado un decreto para bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con un esquema gradual que inicia en 2026 y culmina en 2030, según el proyecto constitucional. Esta modificación al artículo 123 apartado A fracción IV garantiza que los sueldos y prestaciones permanezcan intactos durante la transición, para evitar perjuicios económicos a los empleados. Aunque la propuesta genera más tiempo libre por la menor carga horaria, excluye explícitamente dos días de descanso obligatorios, y preserva la norma de un día libre remunerado por cada seis de labor.
Sin embargo, la iniciativa incrementa el tope de horas extras de nueve a doce por semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias y máximo cuatro días, con pago doble para las primeras y triple solo en extensiones excepcionales. Esta disposición aleja el umbral para la compensación triple, ya que el esquema anterior limitaba las extras a tres horas diarias en no más de tres días consecutivos, lo que facilitaba acceder al pago superior. Organizaciones como Yo por las 40 Horas cuestionan el avance, pues consideran que el aumento de extras diluye derechos consolidados en debates previos del Congreso.
El Senado recibirá el dictamen en breve, tras foros que reunieron a sindicatos, empresarios y expertos para pulir la redacción, con énfasis en la productividad y el equilibrio entre vida laboral y personal. La gradualidad —46 horas en 2027, 44 en 2028 y 42 en 2029— busca mitigar impactos en las unidades económicas, aunque críticos advierten sobre posibles resistencias patronales. La Secretaría del Trabajo subraya que esta reforma alinea a México con estándares internacionales, como los de la OIT, sin alterar la proporción de descansos semanales.
