La relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, reconoció al gobierno de Oaxaca como líder internacional por su manejo consultivo y respetuoso de casos de desplazamiento forzado, durante el Segundo Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas y Coordinación Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Interno en México. Este elogio destaca el retorno pacífico de 63 familias mixe —equivalentes a 97 personas, en su mayoría mujeres y huérfanos— a la localidad de Guadalupe Victoria en San Juan Juquila Mixes, tras ocho años de exilio forzado por un conflicto agrario de más de dos décadas que involucró disputas por 44 hectáreas de bosque y dejó 30 crímenes documentados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respaldó el proceso como el primero en México planeado, ordenado y participativo, basado en principios rectores de la ONU, y lo catalogó como un ejemplo global para replicar en países como Colombia y El Salvador.
Oaxaca registró alrededor de 7 mil personas desplazadas internas en 21 eventos históricos, principalmente por conflictos agrarios que representan el 95 por ciento de los casos, según datos del gobierno estatal y ACNUR. En 2024, se identificaron 333 individuos afectados en cinco incidentes nuevos, concentrados en regiones indígenas como la zona triqui, donde más de siete mil personas sufrieron desplazamientos desde los años ochenta por violencia paramilitar e interétnica. El estado tipificó el desplazamiento forzado como delito con penas de hasta 40 años de prisión sin fianza, mediante la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada en septiembre de 2025 tras 52 consultas con comunidades indígenas y afromexicanas entre mayo y diciembre de 2024, con apoyo técnico de ACNUR y la ONU-DH.
El Informe Global de ACNUR 2025 incluyó a Oaxaca por primera vez como «labor sin precedentes en las Américas», al resaltar su enfoque diferencial con perspectiva de género, etaria y étnica, que garantiza retornos graduales con acceso a vivienda digna, salud y educación. Gaviria Betancur enfatizó que no existe otro proceso tan exhaustivo en el mundo, mientras el oficial de protección de ACNUR, Daniel MacGuire, identificó cuatro prácticas clave: diálogo multisectorial, construcción de paz duradera y prevención institucional. Oaxaca se posiciona así como el quinto estado mexicano con legislación específica en la materia, pero el primero en elaborarla mediante consultas previas, libres e informadas conforme al Convenio 169 de la OIT.
