Estados Unidos revocó visados a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte mexicana, acusados de facilitar la inmigración ilegal. El Departamento de Estado impuso estas restricciones para impedir su ingreso al territorio estadounidense, según un comunicado oficial. Las investigaciones revelan que organizaron traslados de extranjeros, incluidos menores, desde el Caribe hacia puntos de tránsito en Centroamérica.
La acción se basa en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe entradas por actividades que socaven la seguridad nacional. Aunque no se detalla el número de afectados ni la identidad de la firma, fuentes diplomáticas confirman que la medida abarca a familiares directos de los implicados. Este paso responde a un patrón de cooperación bilateral, pese a persistentes desafíos en la frontera compartida.
El Gobierno estadounidense elogió los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desplegó 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la zona limítrofe. Sin embargo, subrayó la necesidad de acciones adicionales contra el tráfico de migrantes y fentanilo. Paralelamente, el presidente Donald Trump aplazó aranceles del 30 por ciento a exportaciones mexicanas, con miras a negociaciones que fortalezcan el control migratorio.
