Honduras vive tensión extrema tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, donde Salvador Nasralla, del Partido Liberal, asumió una ventaja mínima de 500 votos sobre Nasry Asfura, del Partido Nacional, con el 62 por ciento de las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. Acusaciones mutuas de manipulación electoral entre oficialismo y oposición, junto a fallas técnicas en el sistema de conteo rápido, paralizaron el proceso durante horas y avivaron sospechas de irregularidades. La presidenta saliente Xiomara Castro y su candidata Rixi Moncada, de Libre, denunciaron intentos de hackeo al Tribunal Regional Electoral Preliminar, mientras la oposición alega opacidad en la retención de 16 mil actas.
El presidente estadounidense Donald Trump intervino directamente al respaldar a Asfura en su plataforma Truth Social, donde alegó sin pruebas que autoridades hondureñas «detuvieron abruptamente el conteo» para alterar resultados y amenazó con «consecuencias graves» si su favorito no triunfa. Este respaldo se extendió con el indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, exmandatario condenado por narcotráfico, acción que Moncada calificó de injerencia imperial destinada a desestabilizar el voto. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, presentes como observadores, exigieron transparencia y rechazaron cualquier intromisión externa que vulnere la soberanía electoral.
La Comisión Nacional Electoral reanudó el escrutinio bajo presión, con más de medio millón de votos sin verificación biométrica que agravan las dudas sobre la integridad del proceso. Analistas independientes destacan que esta polarización revive traumas de fraudes pasados, como el de 2017, y podría prolongar la incertidumbre hasta la resolución final. Autoridades locales instan a la calma entre la población, mientras el desenlace definirá el relevo de Castro para el período 2026-2030 en un contexto de crecimiento económico del 4% pero persistente pobreza.
